Taylor Marshall entrevista a Viganò (I)

¿Cree que el tercer secreto de Fátima publicado en 2000 es el verdadero?

El texto de la tercera parte del Secreto de Fátima fue entregado por Sor Lucía al Obispo de Leiria en 1944: se refiere a la visión que los tres niños pastores tuvieron en 1917 y que por voluntad de la Virgen María debería ser revelado en 1960. Fue entregado al Santo Oficio en 1957, cuando reinaba Pío XII. Juan XXIII lo leyó en 1959 y decidió no hacerlo público. Pablo VI hizo lo mismo en 1967. Juan Pablo II lo leyó en 1978 o quizás en 1981. En el 2000, con ocasión del Jubileo, dispuso su publicación haciendo creer que se trataba del texto íntegro, atribuyendo para él mismo la visión del Papa enfermo, y más precisamente al atentado que sufrió en la plaza San Pedro el 13 de mayo de 1981. La sospecha de que el texto del Secreto ha sido manipulado es más que fundada. Más allá de las anomalías e incoherencias técnicas -como el formato del soporte de papel utilizado por Sor Lucía- me parece evidente que el contenido “revelado” ha sido censurado, para no confirmar lo que está a la vista de todos: la demolición de la Iglesia Católica desde dentro y la apostasía de la fe a través de un “mal Concilio” y una “mala Misa”. La decisión de no perjudicar el resultado revolucionario del Vaticano II llevó a Roncalli a no revelar el Tercer Secreto; Montini actuó de la misma manera, también porque en el interín la revolución del Concilio se había extendido a la reforma litúrgica. Por otra parte, no es sorprendente que una Jerarquía que adultera la Sagrada Escritura y el Magisterio pueda llegar también a censurar las palabras de la Santísima Virgen en el ámbito de apariciones reconocidas por la Iglesia.

¿El IOR debería ser abolido?

El Instituto para las Obras de Religión (IOR) es un banco, y es normal que una institución como la Iglesia Católica y el Estado de la Ciudad del Vaticano cuente con uno. Su gestión se confía a dos laicos: un Presidente y un Director General, mientras que se nombra una Comisión de Cardenales como órgano supervisor de sus actividades. Al no depender del Gobernación, nunca he tenido ningún rol institucional en mis funciones de Secretario General.

Corresponde a quienes administran el IOR -es decir, a la Comisión de Cardenales y, en última instancia, a la Secretaría de Estado, en nombre del Santo Padre- dictar las normas que garanticen una gestión correcta, la transparencia de sus operaciones e impidan la especulación y las actividades ilegales.

En mi libro titulado Infiltrazione documento su trabajo de investigación como Secretario General del Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano desde julio de 2009 a septiembre de 2011 bajo el papa Benedicto XVI. ¿Qué más descubrió? Por el bien de la historia, ¿qué ocurrió exactamente?

Antes de ser nombrado en el Gobernación, Juan Pablo II me había asignado la tarea de Delegado para las Representaciones Pontificias, en la Primera Sección de la Secretaría de Estado, teniendo como superiores inmediatos al Sustituto y al Secretario de Estado, que eran los únicos con acceso al Santo Padre. Mi tarea consistía en instruir todas las prácticas relativas a la contratación y promociones del personal de la Curia Romana y de las Nunciaturas Apostólicas, así como gestionar prácticas muy confidenciales respecto a los miembros de los Dicasterios Romanos y del Colegio Cardenalicio.

Mi trabajo de investigación, de instrucción de las prácticas y de formulación de un juicio sobre las personas y sobre las decisiones a tomar, terminaba con la entrega de los expedientes al Sustituto. A continuación, correspondía al Sustituto y al Secretario de Estado -primero Sodano y luego Bertone- presentar o no mis expedientes al Papa, decidiendo a su total discreción si los encubrían o no. Por ejemplo -aparte del conocido caso de McCarrick-, ¿qué hicieron mis Superiores cuando recogí las gravísimas informaciones sobre Maradiaga? ¿Por qué fue elevado al Cardenalato en lugar de ser castigado de acuerdo con los delitos que cometió?

El cardenal Bertone, que mantenía bajo control al papa Benedicto, consiguió que éste me destituyera de mi cargo porque, como dije en mi Declaración J’accuse, yo obstaculizaba suacción y sus nombramientos. Hizo que me enviaran al Gobernación como Secretario General, pero como se trataba de una diminutio, es decir, de una degradación respecto a mi rol anterior, Bertone me prometió que al final del mandato de Giovanni Lajolo, para entonces próximo a la jubilación, sería nombrado Presidente del Gobernación, un cargo cardenalicio.

El mismo día de mi presentación en el Gobernación, el 16 de julio de 2009, me di cuenta del estado de total irregularidad y corrupción de la administración. Descubrí inmediatamente la existencia de una Comisión de Finanzas y Gestión -ilegal y no prevista por los estatutos del Gobernación- compuesta por un grupo de destacados banqueros italianos encargados de la gestión financiera del Estado de la Ciudad del Vaticano. Esta comisión, presentada como un órgano meramente consultivo, en realidad tenía funciones decisorias y especulaba para su beneficio con las inversiones vaticanas con fondos de inversión -entre ellos BlackRock- con los que habían firmado contratos de gestión cuyos costes eran superiores a los intereses pagados al Gobernación.

Por lo tanto, inmediatamente me puse en acción y en pocos meses el déficit de más de 10 millones de dólares detectado en el ejercicio 2009 se había convertido en un déficit de 44 millones de dólares, poniendo fin a los manejos ilícitos de prelados y laicos. Obviamente, esta operación de limpieza debería haber llevado a la destitución de los protagonistas de tanta malversación, empezando por el cardenal presidente Giovanni Lajolo y el director administrativo de los Museos Vaticanos, monseñor Paolo Nicolini.

Giovanni Lajolo, en olor de masonería, pertenece al cordón del cardenal Achille Silvestrini, a su vez criatura del cardenal Agostino Casaroli, figura clave del pontificado de Juan Pablo II como Secretario de Estado y el hombre de la Ostpolitik. Silvestrini, responsable de la Sección Segunda para las Relaciones con los Estados, era un destacado miembro de la mafia de San Galo y responsable del Colegio Universitario Villa Nazareth, una especie de Jóvenes Líderes Globales para el Mañana de Davos en versión eclesiástica. El ex Primer Ministro Giuseppe Conte, figura sombría que condenó a los italianos a arresto domiciliario durante la farsa de la pandemia, surgió de esta fragua en la encrucijada de la Iglesia profunda y el Estado profundo.

Monseñor Paolo Nicolini pertenece a la llamada Mafia Lavanda, el lobby homosexual del Vaticano. Como director administrativo de los Museos Vaticanos y de los Bienes Culturales de la Gobernación estaba a cargo de la principal fuente de ingresos del Estado de la Ciudad del Vaticano. Entre las principales fechorías de Nicolini que tuve que enfrentar inmediatamente figuraba el contrato que él había redactado, con la aprobación del cardenal Giovanni Lajolo y de mi predecesor monseñor Renato Boccardo, para la restauración de la Columnata de Bernini y de las dos fuentes de la Plaza San Pedro, por un valor de 15 millones de euros.

La Gobernación no figuraba en absoluto entre las partes de este contrato, que se había redactado, en cambio, en un banco suizo (Banca del Gottardo de Lugano), entre la empresa encargada de recaudar fondos para financiar las obras (mediante la colocación de anuncios en la Columnata de la Plaza San Pedro) y la empresa encargada de los trabajos de restauración (elegida por Nicolini sin concurso). Monseñor Nicolini tenía derecho a una importante remuneración mensual que le pagaba directamente la empresa que recaudaba los fondos mediante la publicidad. Esta última se quedó con varios millones de euros ya recaudados, que deberían haber sido abonados a la empresa que realizaba la restauración, en función del avance de las obras, hasta el punto de provocar su interrupción. Por ello, me vi obligado a intervenir para que se disolviera el contrato y exigir que las sumas cobradas se abonaran inmediatamente a la Gobernación y retribuir así los trabajos realizados. Fue entonces cuando me echaron de la Gobernación y que el cardenal Giovanni Lajolo se encontró de nuevo en condiciones de actuar sin ser molestado.

Otro caso de mala gestión fue la adjudicación a la Opera Laboratori Fiorentini del contrato de instalación de puntos de venta en los Museos Vaticanos, que representó un volumen de negocios de millones de euros y permitió a Nicolini obtener por debajo de la mesa una enorme ventaja económica personal.

Mi remoción de la Gobernación se produjo luego de una campaña difamatoria en la prensa organizada por monseñor Nicolini y el poderoso joven Marco Simeon, conocido masón homosexual, ex secretario del Ministro para los Bienes Culturales Urbanos y secretario del presidente de Mediobanca, íntimo del cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado y protegido suyo, a quien debía su ascenso a la RAI como responsable de las relaciones con el Vaticano.

Mi trabajo se vio frustrado y el equipo de colaboradores que había creado se disolvió, y todos los protagonistas de la corrupción que había señalado fueron confirmados en sus puestos. Nicolini fue ascendido a Responsable de las Villas Papales en Castel Gandolfo, donde podía administrar una enorme propiedad, mucho más extensa que el Estado de la Ciudad del Vaticano. Obtuvo de Bergoglio la destitución inmediata -con métodos brutales y vengativos- de Eugenio Hasler, un hombre íntegro y mi estrecho colaborador, hijo del Mayor de la Guardia Suiza, que vio destruida su reputación, su carrera profesional, su buen nombre y su propia existencia. Recientemente, monseñor Nicolini fue nombrado por Bergoglio director del Centro Laudato si’ para la Formación Superior (aquí), que se ocupa de “los proyectos verdes”, de acuerdo con los dictados del Foro Económico Mundial de Davos. El último de ellos, publicado hace pocas semanas, consiste en una planta agrovoltaica en la zona extraterritorial de Santa Maria di Galeria. Este proyecto ya había sido propuesto por el cardenal Giovanni Lajolo bajo Benedicto XVI y fui yo quien impidió su realización.

Luego de estos ataques mediáticos, Benedicto XVI constituyó una Comisión de Investigación formada por tres cardenales: Julián Herranz, Raymond Leo Burke y Giovanni Lajolo, a pesar de que este último estaba directamente implicado. Bertone consiguió persuadir a Herranz para que disolviera la Comisión, que sustituyó por una Comisión Disciplinaria de la Gobernación, que a pesar de estar bajo el control del propio Bertone, decidió la destitución de Nicolini y tomó medidas sancionadoras contra la Dirección de las Villas Pontificias. Sin embargo, las medidas tomadas por esta Comisión Disciplinaria fueron frustradas por Tarcisio Bertone y Giovanni Lajolo.

Aunque el papa Benedicto me había expresado en dos ocasiones su voluntad de nombrarme Presidente de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede en sustitución del cardenal Velasio de Paolis -un cargo, me dijo, “en el que podría servir mejor a la Santa Sede”- Bertone consiguió que me enviaran a Washington lejos de la Curia Romana y de aquellos a los que había “molestado” en mi lucha contra la corrupción.

El mayordomo Paolo Gabriele -un hombre honesto e ingenuo, pero bienintencionado- por iniciativa propia entregó a la prensa mis cartas dirigidas al papa Benedicto y al cardenal Bertone en las que denunciaba la vasta corrupción en la Gobernación. Con este gesto, Gabriele esperaba ayudar a Benedicto sacando a la luz la red de complicidades en el Vaticano, el exceso de poder de Tarcisio Bertone y Giovanni Lajolo y las maquinaciones contra el Papa. También fue decisivo el rol de monseñor Georg Gänswein, que se disputaba con Bertone el control sobre Benedicto en el gobierno de la Iglesia. En 2012, luego de la filtración de estos documentos (Vatileaks 1), el Papa creó una nueva Comisión de Cardenales compuesta por Julián Herranz, Jozef Tomko y Salvatore De Giorgi. A pesar de estar en el centro de aquellos acontecimientos, este nuevo organismo trató de ignorarme durante al menos dos meses y fue solo después de una petición telefónica explícita mía al cardenal Herranz, mientras yo me encontraba en Washington, que fui escuchado para dar mi testimonio. “Eminencia, ¿no cree que yo también tengo algo que decir en este asunto?”. La respuesta irritada del Cardenal fue: “Si realmente usted lo desea…”.

Mi memoria escrita, así como el acta del interrogatorio verbal, fue incluida en la famosa caja blanca que el Emérito entregó a Bergoglio en abril de 2013 cuando le visitó en Castel Gandolfo (ver foto), encargando al Sucesor que interviniera para sanar la corrupción rampante en el Vaticano.

El 23 de junio de 2013, cuando me reuní con Bergoglio, él, después de preguntarme sobre McCarrick y los jesuitas en Estados Unidos para sondear cuál era mi posición, me pidió que le entregara el dossier que yo había entregado a los tres cardenales nombrados por Benedicto para investigar. Lo hice inmediatamente, y me dijo: “Tengo una pequeña caja fuerte en mi habitación. Lo llevaré allí (cosa que hizo) y lo leeré esta tarde”.

Es obvio que a Bergoglio sólo le interesaba saber quiénes eran los corruptos para poder utilizarlos, controlarlos y chantajearlos. Nicolini estaba entre sus protegidos a los que, como hemos visto, no sólo mantuvo en su puesto sino que promovió a puestos más altos, eliminando a cualquiera que se le opusiera, empezando por Eugenio Hasler.

Me pregunto qué pasó con esa caja blanca y por qué los dos cardenales que aún viven -Julián Herranz y Salvatore De Giorgi- siguen guardando silencio ante el encubrimiento de todo lo que surgió de sus investigaciones. (sigue parte II)